Bravo y Nuria López coinciden en desarrollar la protección social prevista en la Ley de Contratos públicos

Bravo y Nuria López coinciden en desarrollar la protección social prevista en la Ley de Contratos públicos

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, este lunes durante su intervención



El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, han expresado este lunes su coincidencia en el desarrollo de los aspectos sociales previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), de carácter estatal, tras subrayar el consejero su contribución "no tanto en los precios como en las políticas sociales y ambientales", mientras que la líder de CCOO en Andalucía ha advertido de "las muchas dificultades para su aplicación" tras haber descrito "el cambio del criterio economicista por el enfoque social en la contratación pública".

Bravo y López han participado este lunes de forma conjunta en la inauguración de unas jornadas sobre Ley de Contratos del Sector Público organizadas por Comisiones Obreras en Andalucía.

López ha contextualizado la oportunidad de la reflexión por cuanto en este semana se cumplan dos años de la entrada en vigor de esta normativa estatal sobre la contratación de las administraciones y ha subrayado los inconvenientes para su plena implantación en aspectos como su repercusión "en los derechos de los trabajadores y en los servicios públicos".

La secretaria general de CCOO-A ha reivindicado que en Andalucía se acordó un acuerdo de cláusulas sociales en la contratación pública que ha descrito de mayor ambición incluso en sus aspiraciones que la propia Ley de Contratos del Sector Público.

El consejero de Hacienda, que ha explicado que en su caso reúne la doble condición de responsable de la Junta de Andalucía en la materia y de su pasado como "ponente de la ley" en el Congreso de los Diputados, ha reconocido "la necesidad de seguir mejorando" para que "lo no reflejado seamos capaces de modificarlo para mejorar" y ha indicado que "Nuria López ha explicado perfectamente cuál era la voluntad de la ley".

Bravo, que ha rechazado la necesidad de elaborar un reglamento de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, ha detallado aspectos de las cláusulas sociales de la norma como "la protección de los trabajadores o de los subcontratistas frente a los contratistas", por lo que ha abogado por "ser capaces de poner en valor lo que se hace bien en la ley".

El consejero de Hacienda ha sostenido que "quien contrata con las administraciones debe ser consciente de que tienen unos derechos y unas obligaciones", por lo que ha recordado que "detrás de esas contrataciones hay trabajadores y empresas subcontratistas" y ha argumentado que "la propia Administración persigue que el contrato no vaya a la baja".

Bravo, que ha aludido al caso de la rescisión de un contrato de los comedores en Jaén, ha descrito el contexto al que se enfrentaría una nueva empresa adjudicataria del servicio, caracterizado por "deudas con la Seguridad Social, deudas con los trabajadores", lo que ha llevado a reflexionar que en la contratación pública "no hay buenos y malos", y ha invitado a una reflexión de la propia Administración, cuando toma decisiones como el incremento del Salario Mínimo Inteprofesional (SMI), sobre su repercusión en los contratos públicos.

"Si revisamos el SMI tiene que verse reflejado a costa de todos, también de la Administración", ha apuntado Bravo, quien ha afirmado que la contratación de la Administración Pública representa el 20% del PIB de España. El consejero ha apostado por si se acomete una rescisión de contratos se haga "con protección de los trabajadores", así como por "cuidar el pago en plazo a los proveedores".
--EUROPA PRESS--

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